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El embajador argentino en Chile criticó que se diera de baja un proyecto minero que está en manos de una familia chilena. Pero Argentina tenía un proyecto vinculado.

El enojo del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, con el gobierno de ese país tuvo como eje de la disputa a la mina Dominga, un proyecto de hierro y cobre, a cargo de la compañía Andes Iron, de capitales chilenos, que incluye también un puerto. Está  ubicado a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región norteña de Coquimbo y a unos 500 kilometros de Santiago.

Aunque el proyecto minero era de una empresa privada chilena, tiene implicancias políticas y económicas para Argentina. Hace unos años, los organismos multilaterales de crédito indicaron que podían llegar a destinar alrededor de US$ 1.500 millones para la construcción de un túnel denominado Agua Negra.

La posibilidad de que aparezca ese dinero entusiasmó en San Juan, en especial al ex gobernador José Luis Gioja. El empresario Eduardo Eurnekian –para el que Bielsa estuvo trabajando cuando el actual oficialismo estuvo fuera del poder– también manifestó interés en ese proyecto de túnel, aunque después optó por otra conexión a Chile, a través del corredor bioceánico.

Los organismos multilaterales estaban dispuestos a dar el crédito con la anuencia de Argentina y Chile.

Primero, fue Argentina la que mostró poco interés. Cuando llegó el Frente de Todos, y quiso resucitar este financiamiento, se encontró con reparos de la administración de Sebastián Piñera, el anterior presidente chileno. Con el cambio de gobierno, y Boric a la cabeza, el oficialismo creyó que el asunto volvería a cobrar bríos. Por eso, la decisión chilena de discontinuar el proyecto minero hizo mella en el oficialismo.

En el sector privado se llegó a hablar de una veintena de empresas “interesadas”, pero eso fue cerca de 2016, cuando había otro clima de negocios en relación a la Argentina. De todas formas, entre los mayores contratistas de obra pública comentan que “si aparece la plata, habrá varios postulantes”, aunque declinan de dar nombres.

Esa habría sido la razón que empujó a Bielsa a sus airosos reclamos.

El proyecto de Agua Negra arrastra polémica desde hace varios años, inclusive desde la época de Piñera, por la supuesta venta de acciones de la mina a uno de sus mejores amigos en una operación que se habría concretado en las Islas Vírgenes Británicas. Piñera rechazó las acusaciones y argumentó que no se encontraron irregularidades en el negocio.

Pero además de las cuestiones políticas, las razones del rechazo a la mina por parte del gobierno de Gabriel Boric tienen que ver con cuestiones ambientales. El proyecto se encuentra ubicado cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80% de una especie de pingüinos, además de otras 560 especies de animales.

Por esa razón, el actual gobierno chileno canceló el multimillonario proyecto que, según Bielsa, podía beneficiar a la Argentina. Se estima que esta mina iba a producir en 22 años 12 millones de toneladas de hierro, 150.000 toneladas de cobre por año y la generación de unos 1500 puestos de trabajo.

Respecto del tema, el embajador argentino lamentó no haber sido informado de la decisión porque era un proyecto que importaba a la Argentina -según dijo- porque permitiría potenciar el paso de Agua Negra por San Juan. «Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra (un cruce cordillerano) como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado», dijo.

La empresa Andes Iron pertenece a la familia chilena Delano Mendez, compuesta por nueve hermanos que poseen el 75% de Minera Dominga. Este proyecto requería US$ 2.500 millones de inversión. El grupo también tiene inversiones financieras, inmobiliarias y agrícolas.

La familia compró el proyecto en 2010 al grupo Larrain Vial en poco más de US$ 100 millones, e invitó a participar del emprendimiento a algunos ejecutivos mineros, como Iván Garrido, actual CEO de Andes Iron, así como a la familia Garcés Silva, que hoy tiene el 14%, según cuenta la prensa chilena.

El Gobierno chileno debió pronunciarse sobre 12 reclamos en contra de este proyecto. Desde la empresa anunciaron que van a apelar la decisión del gobierno chileno