Además, manifestó que a partir de la reciente medida «acrecentará el descrédito de los ciudadanos y los damnificados respecto de dichas políticas» debido a «la proliferación de contratos inconclusos, obras abandonadas, recursos dilapidados (como lo han demostrado experiencias anteriores); y por sobre todo, el diseño de propuestas que no cumplen con la normativa vigente en materia de Obra Pública».

Siguiendo esa línea, Fernández advirtió que esto dejará «abierta la puerta» a «acciones que busquen la declaración de Inconstitucionalidad de la citada norma, y consecuentemente el fracaso del objetivo buscado con el dictado de la misma».

Desde CPC señalaron que «este tipo de normativa, rayana en la ilegalidad» ya que «con la intención de paliar la situación de una porción de la sociedad, afecta seriamente los destinos de un sector clave para el desarrollo productivo de la nación». Esta situación, dijeron, «no puede menos que ponernos en estado de alerta y de suma preocupación».

Al mismo tiempo, pusieron en duda el nivel de profesionalismo de las cooperativas al argumentar que «no cuentan con el expertiz necesario» y señalaron que esto genera «una clara distorsión de las condiciones de competencia e igualdad ante la ley, produciendo un estado de PRIVILEGIO, pone en riesgo la continuidad y desarrollo del sector Pyme de la Construcción”.

Por otro lado, argumentaron que «quienes verdaderamente están en condiciones de cumplir cabalmente con la articulación de acciones que permitan la salida de los destinatarios de programas sociales hacia el trabajo formal, dentro de la normativa legal vigente, son las Pymes Constructoras de la República Argentina».

Por último, cuestionaron que una normativa de este tipo no haya contado con el diálogo y la participación necesaria «de todos los actores involucrados».

Los detalles del decreto

El mencionado decreto, publicado a principios de noviembre, otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Además, convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), el cual tiene como misión promover una «Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular», con los objetivos de fortalecimiento productivo, formalización de los trabajadores.

«Es prioridad del Gobierno nacional promover el trabajo en sus diversas formas y el acceso a los derechos de la seguridad social por parte de los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad económica y social», expone el decreto.