“Lo pedimos antes de las elecciones, prioridad absoluta a medidas reactivantes. El mensaje de las urnas fue claro. Hace falta fortalecer los ingresos de la gente”, escribió en Twitter Alejandro Vanoli, extitular del BCRA, el lunes después de las PASO. En diálogo con Ámbito, Vanoli explicó que deberían fortalecerse “todos los ingresos”: salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. “Esa debería ser la prioridad número uno, para fortalecer la demanda y que la economía crezca, pero también para mejorar la situación de la gente que hace 3 años está en una momento difícil”, aseguró.
El economista opinó que una de las formas de hacerlo es mediante el aumento del salario mínimo, para establecer un “piso salarial”. Sin embargo, aseguró que lo “más urgente” pasa por llegar a la economía informal, dado que fueron los más impactados por la pandemia. “Para hacer políticas focalizadas están todos los datos de la Anses”, aseguró el ex titular de la Anses.
El salario lo es todo
El día después de la sorpresiva derrota electoral, también se expresó en twitter Eva Sacco, investigadora de CEPA, el Centro de Economía Política cercano al Frente de Todos. Publicó un gráfico sobre la evolución del salario y escribió: “Para entender lo que pasó ayer. Desde 2020 no para de caer el salario. La pandemia es gran parte de la razón, pero de excusas no se come cuando el salario promedio es de 760 dólares al oficial y 420 al paralelo”.
“La economía tranquila ni alcanza, ni alcanzó, ni alcanzará para nadie más que el FMI”, agregó Sacco, en referencia al concepto de tranquilizar la economía que suele utilizar el ministro Martín Guzmán. En la misma línea coincidió Hernán Letcher, director del centro CEPA. “La prudencia fiscal si no gana elecciones no sirve, porque necesitás estar fuerte desde la política para sentarte con empresarios, o con el mismo FMI”, opinó Letcher en diálogo con Ámbito.
“Reactivar el ingreso hoy es el objetivo principal, la sociedad ya había dicho que no podía más en 2019, cuando había perdido 20% del salario”, aseguró Letcher. “En 2020 no podías hacer nada, pero este año si”, agregó y consideró que desde CEPA son muy “promotores” de un aumento del salario por decreto, tanto para el sector público como privado. Es lo que hizo el Gobierno apenas asumió, en diciembre 2019, en una suba por decreto de $4.000. Otra de las posibles medidas podría ser ampliar la tarjeta alimentar y que le llegue a jubilados con ingresos de hasta $50.000, con un costo fiscal de al menos $25 mil millones mensuales. El informe lo había armado Letcher ante el pedido de una legisladora del Frente de Todos.
De todos modos, los analistas no niegan que este tipo de medidas puedan tener consecuencias negativas desde el lado de los precios. “El problema de la inflación ya existe, estás en un 3% mensual con ingresos deprimidos”, argumentó Letcher. “Si priorizás la actividad, te va a quedar la baja de la inflación como asignatura pendiente, pero para eso el año que viene se puede pensar un plan de estabilización en serio”, opinó Vanoli. Además, aseguró que podría subirse la tasa de interés, “como se hizo en agosto 2015”, para evitar que esos pesos se vayan al dólar.
Durante el fin de semana, el economista Alejandro Robba, quien estuvo en el Ministerio de Economía durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, difundió un informe de la Universidad de Moreno, de donde es vicerrector, crítico con la gestión económica. El informe remarca que existe una visión que “privilegia la inversión pública como instrumento de política fiscal, en detrimento de los salarios, jubilaciones, subsidios y programas sociales”. Sobre este punto, el texto marcaba un “problema”: “Como el nivel de inversión pública es muy bajo (7% del gasto público total, mientras que los salarios representan 12% y las jubilaciones 43%), el cambio de composición del gasto público con más inversión en detrimento de otros gastos trae aparejado un sesgo forzosamente contractivo”.