El Estado tomará formalmente el control de la Hidrovía desde el sábado. La Administración General de Puertos (AGP), que depende del Ministerio de Transporte, tendrá la responsabilidad de mantener operativa esa vía, y se encargará de cobrar los peajes a quienes transiten ese recorrido.

En medio de la peor bajante del Paraná en 45 años, la AGP aún no despejó algunas incertidumbres. El Estado no tiene capacidad operativa ni para encargarse del dragado y balizamiento que se requiere en la Hidrovía. Transporte había prometido una licitación “corta”, de 12 meses, para determinar las empresas que podían encargarse de esas actividades.

A un día del cambio en la concesión, AGP todavía no comunicó si tiene listos los pliegos para los operadores de los próximos 12 meses. Se cree que se recurrirá a una contratación directa. La concesión de la Hidrovía estaba en manos de una asociación entre la belga Jan De Null y la nacional Emepa. Esas empresas se separarán, y De Null seguiría a cargo del dragado, según fuentes oficiales y privadas. Para el balizamiento, hay conversaciones con distintas empresas.

La contratación directa sería la única salida posible frente a la falta de realización de la licitación. En su momento, a fines de julio, el ministro de Transporte Alexis Guerrera habló de un “primer decreto concediéndole facultades a Administración General de Puertos (AGP) (…) que, como se trata de una sociedad del Estado, tiene una mayor flexibilidad no de controles, sino de tiempos para realizar una licitación corta que consista en el mantenimiento de lo que hoy está pasando, de lo que hoy está sucediendo. Y esto que no habría obras nuevas planteadas durante 12 meses que es a lo que estamos llamando licitación corta”, expresó.

Pero de esa licitación “corta” no hay nada formal. No se oficializó ningún pliego en el Boletín Oficial. El proceso viene retrasado y en el Gobierno no hay certezas sobre su regularización. “El sábado -día de la incorporación formal de la Hidrovía a AGP- saldrá publicado algo en el Boletín Oficial”, contestan en AGP.

La idea del Gobierno eran 12 meses solo de mantenimiento, de los que se encargará AGP. En ese plazo, el ministerio de Transporte debería preparar la licitación “larga”, es decir los términos de una concesión por 10, 20 o 30 años. Sectores del kirchnerismo alientan que no haya nueva licitación. Y algunas empresas ven un “cuco” de capitales chinos tratando de entrar en la Hidrovía.

La concesión de la Hidrovía se vino prorrogando por varios meses, hasta que el Poder Ejecutivo decidió traspasarla a fines de junio. Se estima que es un negocio de alrededor de US$ 300 millones anuales.

Desde el sábado, el cobro del canon -lo que pagan las empresas que utilizan la Hidrovía para mover su producción- quedará en la AGP. “De ahí (iría a) una cuenta derivadora se les paga a las concesionarias que ganen el dragado y balizamiento por las tareas realizadas”, según expresó Guerrera en su momento.

“Cuando termine todo este proceso, que no es solamente la licitación corta, lo que se pretende es mantener operativo pero ya con control más efectivo del Estado. Manteniendo operativa la hidrovía navegable, mejor dicho», dijo el ministro.

Hace dos semanas, el Gobierno oficializó la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, «un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera», que operará bajo la órbita del ministerio de Transporte.

Ese ente deberá determinar la tarifa y los contratos de concesión de obra pública que sean necesarios sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior. Es la llamada conexión Paraná-Paraguay.

NE