Por

Cledis Candelaresi

Especial para Clarín

Mientras el Gobierno intenta bosquejar propuestas legales y económicas para el fin de las concesiones hidroeléctricas, un cuarteto de importantes firmas operadoras acumula reclamos contra el estado nacional por alrededor de US$4.000 millones. Las demandas se fundan en el presunto “lucro cesante” que les habría generado la intervención en el sistema de precios y, al menos en dos casos, cimentan expedientes ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 24 meses vencen los contratos de concesión que se firmaron por treinta años durante la movida privatizadora menemista y que no contemplan ninguna prórroga, lo que obliga a trabajar ya mismo en una fórmula que los reemplace. A instancias de Alberto Fernández, el secretario de Energía, Darío Martínez, prometió a las firmas presentar al menos un par de alternativas de solución durante este semestre.

No resolver ese nuevo esquema de un modo expeditivo implica también congelar inversiones necesarias en el rubro: nadie que está de salida querrá poner dinero si no tiene asegurada la continuidad o la recuperación de ese desembolso no amortizado. Y si bien el sistema de generación eléctrica no está en crisis, tampoco puede darse el lujo de disminuir la producción.

Piedra del Aguila y Alicurá, en manos de la firma de origen norteamericano AES, terminan su contrato en agosto de aquel año y pueden oficiar de caso testigo. Esas usinas son parte del vital conglomerado del Comahue, que también integran Cerros Colorados y Planicie Banderita (Orazul), Chocón (Enel) y Pichi Picún Leufú (Pampa Energía).

No son exactamente los mismos adjudicatarios originales de hace casi tres décadas, ya que hubo ventas y alteraciones en el staff de accionistas. En ese lapso también se modificó el sistema de formación de precios y otras condiciones proyectadas sobre la letra del contrato, que a habrían vulnerado estos negocios.

Las centrales perdieron chances de manejar el volumen de agua, cambió la modalidad de despacho resuelta por Cammesa, los precios se desdolarizaron y se limitó la posibilidad de firmar contratos con grandes usuarios, entre otros retoques.

Todas las compañías formularon reclamos administrativos y tres de ellas contrataron al mismo estudio jurídico para que estimara la posible lesión económica de esas decisiones oficiales. Más aún. Para esas estimaciones apelaron a un análisis de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que dio otro sustento a sus cálculos.

Individualmente, éstos promedian un eventual resarcimiento de US$1.000 millones de dólares. Exigencia que posiblemente las compañías utilicen como moneda de cambio en una mesa de negociación con el concedente.

Los planteos administrativos fueron formulados cuando José Aranguren era ministro de Energía y aún viven como documento de trabajo. AES Corporation tiene un reclamo desde el 2005 ante el Ciadi, realizado luego de la desdolarización de tarifas y otros cambios impuestos por la ley de Emergencia Económica del 2002. Pero después que Mauricio Macri prometiera darle un fin negociado a esas demandas, realimentó el expediente que hoy está vivo. La otra norteamericana, Orazul, abrió el suyo en 2019. Ambas invocando el Tratado Bilateral de Inversión que Argentina suscribió con Estados Unidos y que garantiza estabilidad en las reglas para los capitales de un país en el otro.

Acudir a la justicia local tiene sus bemoles. Las empresas saben que tienen que depositar el 3% correspondiente a la Tasa de Justicia sobre el reclamo estimado inicialmente, que luego no pueden incrementar. Eso implicaría alrededor de US$30 millones para cada una, sólo para iniciar una gestión de resolución incierta.

Los papeles acumulados en las instancias administrativa o legal podrían devenir en herramientas negociadoras para obtener un beneficio de salida del negocio o para continuar en él. Una definición que también involucra a las provincias, que son las dueñas responsables del manejo del agua, con prioridades que no favorecen a la producción de electricidad: abastecimiento de agua potable y riego van primero.

La situación es particular y alimenta el debate. La provincia es dueña del agua desde la reforma constitucional de 1994 y cobra 12% de regalías por la producción de cada presa. Pero el poder concedente es la Nación, que gana potestad desde el momento en el que se genera electricidad para abastecer al sistema interconectado.

Terminada la concesión, los activos vuelven a la Nación, aunque haya estados del interior que sueñen con esquemas diferentes y trabajen en leyes provinciales preparándose para ser ellas las futuras concedentes de las represas. Según el marco regulatorio eléctrico, se trata de activos federales y estratégicos: instalaciones de interés general afectadas al servicio público.

Aunque por esa norma la generación pertenece al segmento no regulado de la producción eléctrica, la realidad es lo suficientemente gris como para que ni los precios sean libres ni haya una sola jurisdicción con la que definir cuestiones clave.

De hecho, en este escenario intervienen la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, a cargo de Elías Sapag, y la Orsep, encargado de controlar la seguridad técnica de las usinas. Una ley en ciernes podría extender la potestad de este organismo también sobre las centrales que sólo regulan los cursos de agua y no se utilizan para electricidad.

Por ahora no hay un interlocutor definido y definitivo para las actuales operadoras, que analizan si quedarse o salir de juego. Se trata de activos en algunos casos muy antiguos, sostenidos con inversiones que sólo modernizaron sus mecanismos operativos.

A decir de los empresarios, el parque está envejecido y, en algunos casos, al borde de la obsolescencia porque la reconfiguración del negocio desalentó inversiones de fuste.

A aquellos expedientes bien se podrían haber sumado otros, por normas que afectaron a toda la actividad de generación en los últimos tiempos, incluyendo las usinas térmicas, principal fuente de electricidad del país.

La resolución 19 del 2016 había fijado precios en dólares para la energía base diferentes según las tecnologías (los operadores hidroeléctricos se consideran “discrimados”), que en 2019 otra norma recortó un 30%. En febrero del 2020 los valores se bajaron otro 25% y se pesificaron, con promesa de un ajuste mensual que luego se suspendió.

Finalmente, para acceder a un aumento del 29% de esos precios en moneda local, las empresas tuvieron que comprometerse a no formular ningún reclamo por esta cuestión.

La energía hidroeléctrica es mucho más amigable con el ambiente que la térmica, que implica quema de gas y de combustibles líquidos. Pero paradójicamente requiere una inversión original cuantiosa y siempre perturbadora para el medio ambiente. De ahí que organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial o el BID estén más renuentes a financiarla.

Hasta hace poco la hidroelectricidad representaba un cuarto de la matriz energética local. Hoy, apenas el 14%, lo que hace más dependiente al país de la importación de carburantes y consiguiente salida de dólares.