Un grupo de tributaristas envió una carta a la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen para solicitarle que el Gobierno de los Estados Unidos no firme con la Argentina el acuerdo de intercambio de información financiera automática que prepara el Ministerio de Economía con la Casa Blanca.

«Nos dirigimos a ustedes como miembros de la junta directiva de ‘The 1841 Foundation’, para expresar nuestra preocupación de que Estados Unidos pueda estar compartiendo las finanzas privadas de personas con depósitos bancarios en el país con las autoridades de Argentina», mencionó el documento, firmado por su fundador y presidente, el abogado y especialista en tributación internacional, Martín Litwak.

«Argentina es un país que ha violado constantemente los derechos de privacidad de muchos de sus ciudadanos, al filtrar constantemente a la prensa información financiera y tributaria privada, y cuyo gobierno actual carece, en nuestra opinión, de la integridad requerida para ser un socio de confianza en el manejo de información sensible que afecta la privacidad y la propiedad de sus ciudadanos en los Estados Unidos», aseguró The 1841 Foundation.

La misiva contó con la rúbrica de economistas y políticos argentinos, como los diputados José Luis Espert y Pablo Torello:; ex legisladores como José Luis Patiño; economistas como Manuel Adorni, Roberto Cachanosky, Gustavo Lazzari, Nazareno Etchepare y Eduardo Marty, y organizaciones como Centro de Estudios Económicos Argentina XXI, Fundación Wilhelm von Humboldt y el Partido Liberal de Argentina, entre otros.

«Es muy claro para nosotros que las personas tienen derecho a la privacidad y la seguridad personal y cuando existe una tensión entre un derecho humano y el interés de un gobierno, el derecho humano debe prevalecer. Esto significa que las autoridades involucradas en la lucha contra la evasión de impuestos, los delitos financieros y el lavado de dinero también deben tratar de evitar pisar el derecho a la privacidad de las personas siempre que sea posible», continuó la carta hacia la secretaria del Tesoro norteamericano.

Para eso, el directorio de la entidad, integrado además de por Litwak por Nicolás de la Plaza, Dan Mitchell, Pablo del Corral y Kerry Harris propuso «premiar a los países que ofrecen un alto grado de estado de derecho y/o protegen la privacidad de cierta información, permitiéndoles acceder a información financiera de sus contribuyentes de países bajo CRS o FATCA, es una buena forma de alinear intereses. También es una buena práctica tener registros privados protegidos o la información de los beneficiarios finales, como lo hacen las BVI o los Estados Unidos poco después de la aprobación de la Ley de Transparencia Corporativa de los EE.UU. mencionada anteriormente».

El diputado

El diputado José Luis Espert firmó una misiva para pedirle a Estados Unidos que no firme el acuerdo fiscal con Argentina

Piden a EE.UU. no firmar el intercambio fiscal con Argentina

«Por otro lado, obligar a los países a tener registros públicos de beneficiarios reales o a intercambiar información con jurisdicciones que no cuentan con sistemas o incluso con la intención de proteger información sensible sobre sus ciudadanos, pone en peligro los derechos básicos de los ciudadanos de esos países; especialmente cuando esos países son países de alta criminalidad y/o países con un estado de derecho mínimo en vigor», continuó la carta.

«El actual gobierno de Argentina carece de la integridad requerida para ser un socio confiable en el manejo de información sensible que afecta la privacidad y la propiedad de sus ciudadanos en los Estados Unidos. La vicepresidenta Cristina Fernández enfrenta múltiples juicios penales donde ha sido acusada de gran corrupción, fraude al Estado, lavado de dinero y traición a la patria, entre otros delitos», advirtió The 1841 Foundation.

«En su búsqueda de la impunidad, ella y sus asociados políticos en el gobierno han cooptado y desmantelado órganos de control, como la Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia Anticorrupción (OA) y la Procuraduría General de Justicia, Procuración General del Tesoro, entre otros organismos», acusó.

«Los ciudadanos argentinos que han buscado la protección de su riqueza en Estados Unidos han sido impulsados en gran medida por un instinto de autoconservación que deposita su confianza en la promesa estadounidense de una sociedad libre en la que se respete el Estado de derecho y en la que se protejan los derechos de propiedad y la privacidad», aseguró la entidad.

«Argentina ha llegado al podio en nuestra reciente investigación de ‘Infiernos Fiscales’, ocupando el tercer lugar después de Bielorrusia y Venezuela como uno de los países que peor combina un régimen de impuestos altos con la mala gestión gubernamental en curso. Hasta donde sabemos, Bielorrusia firmó un IGA para implementar aún más FATCA en un contexto geopolítico muy diferente y, por supuesto, Venezuela no tiene uno», aseveró.

«Si el gobierno de los Estados Unidos firma un IGA y proporciona información al gobierno argentino sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos argentinos en los EE.UU., violaría la confianza que aquellos que huyen del abuso en todo el mundo han depositado históricamente en este sistema, cerrando los ojos ojo a las amenazas descritas anteriormente, y beneficiando a los abusadores», alertó la organización civil.

«Creemos firmemente que Argentina no debe recibir información de Estados Unidos automáticamente y que el Tratado vigente entre ambos países, firmado en 2016, brinda un buen marco hasta que dicho país pueda dar seguridades de que dondequiera que reciba información manténgase seguro siguiendo sus pautas», concluyó.

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En ese sentido, The 1841 Foundation pidió por último a la Secretaría del Tesoro norteamericano que «si recibe esta carta y ya se ha realizado un IGA con Argentina, solicitamos respetuosamente que se suspenda la aplicación del mismo hasta que se realice una revisión exhaustiva de las garantías reales, no técnicas, que Argentina tiene para proteger la información sensible que recibirá bajo FATCA», cerró.