Periodista: ¿Cómo analiza el perjuicio ocasionado con el canje del TS21?

Claudio Lozano: Cambiemos realizó un proceso brutal de descapitalización que ahora se está regularizando. No sólo tuvimos Vicentin y la trampa mortal de los UVA, sino que también se usó al Banco Nación como mecanismo de financiamiento del Tesoro. Se hizo por diferentes vías, una de ellas fue este tipo de bonos: desde 2017, antes de que Caputo haga este canje, el BNA le había transferido a través de distintos bonos Badlar al Tesoro unos $88.300 millones, que fue lo que se convirtió a este bono a tasa fija. Esto significó una diferencia muy importante, de $140.000 millones respecto de lo que hubiera cobrado el banco si mantenía el bono original. Y si uno hace el cálculo del perjuicio en función de lo que implicaba en dólares, en el momento del canje la acreencia del BNA era de u$s4.389 millones y lo que se recibe hoy equivale a u$s1.611 millones. La diferencia es de $270.000 millones, aún mayor. Si se calcula la pérdida frente a la inflación, fue de $180.000 millones. Esto forma parte del desastre que encontramos cuando asumimos en el banco. De hecho, además de la colocación de títulos de esta naturaleza y por fuera de las utilidades, se hicieron transferencias directas por Presupuesto en 2018 y 2019, que le sacaron al banco $25.000 millones más como aporte compulsivo al Tesoro.

P.: ¿Qué objetivo ve detrás de este tipo de operaciones?

C.L.: Veo que, en el marco de un planteo que decía que no se iba a emitir dinero, uno de los mecanismos para ocultar la emisión real fue buscar fondos a través del BNA. El banco funcionó como sustituto de los aportes que hubiera hecho el Banco Central al Tesoro.

P.: Algunas personas en el mercado matizan el hecho y argumentan que también hubo fondos extranjeros, como Templeton, a los que Caputo también les colocó deuda en pesos a tasas fijas similares…

C.L.: Caputo hizo lo mismo con todos. Eso es cierto. Pero acá el tema de fondo es el proceso de descapitalización del banco. Después, eso directamente lo transforman en una pérdida brutal pero ya de por sí existía una descapitalización creciente. De hecho, no por casualidad nosotros recibimos un banco que en términos de patrimonio neto tenía prácticamente la mitad del que recibió (el primer presidente de la entidad nombrado por Macri, Carlos) Melconian en 2016. El BNA se achicó de manera significativa en patrimonio, en participación en el mercado, tenía una oferta de crédito concentrada con muchos problemas, como el de Vicentin o el de Molinos Cañuelas, más un proceso de descapitalización a partir de los aportes anuales al Tesoro. Hubo todo un proceso de desarticulación de la banca pública. También se indujo un proceso de atraso tecnológico muy importante respecto del resto de la banca. Incluso echaron a tres capas de gerentes del banco de distintos niveles, unas 550 personas, con retiros multimillonarios que costaron unos $7.000 millones; gente con mucha experiencia, que fue reemplazada por gente de menor trayectoria y así se debilitó la estructura. Fue un intento de armar una estructura mucho más permeable a la conducción política de aquel momento. Eso permitió que se violaran las normas internas y que la línea tomara definiciones a instancias del directorio pero en las que el directorio no dejaba huellas, como en el caso de Vicentin.

P.: ¿Y cómo es la situación actual?

C.L.: Nosotros recompusimos el patrimonio, se recapitalizó el banco, desconcentramos la oferta de crédito privilegiando a las pymes y estamos tratando de resolver caso por caso el tema UVA. Hoy el banco volvió a tener liquidez y solvencia, recuperó su capacidad crediticia. Y, de hecho, terminamos 2020 siendo la empresa que tuvo el mejor nivel de utilidades de todo el país; no sólo entre los bancos sino entre todas las empresas.

P.: La maniobra de Vicentin se llevó a la Justicia, ¿lo evalúan para el caso del bono TS21?

C.L.: Primero habrá que analizar bien cómo fue el procedimiento. Lo seguro es que forma parte de las maniobras de descapitalización del banco que llevó adelante el gobierno anterior. El perjuicio del TS21 representa alrededor de 10 Vicentin (que le adeuda al Nación cerca de u$s300 millones).

P.: ¿Cuáles son los últimos avances de la investigación sobre Vicentin?

C.L.: Se concluyó con el sumario interno del banco, que fue muy contundente respecto de la violación de un conjunto de normas internas que son las que explican lo que pasó: Vicentin tenía una calificación que le ponía un límite de crédito; ese límite ya había sido superado a finales de 2018; se venció la calificación en abril de 2019; no se la recategorizó sino que se prorrogó dos veces hasta junio de 2019; y luego Vicentin dejó de pagar en agosto. También se demostró que hubo memos del BCRA que advertían que se superaba el límite del 15% de la RPC (Responsabilidad Patrimonial Computable) del banco en esta empresa pero que la gestión anterior lo desoyó. En los próximos días, haremos una presentación penal para incorporar el sumario a la causa de la cual somos querellantes. Queremos que la fiscalía y el juez (Julián Ercolini) tengan los elementos para avanzar sobre el directorio anterior. Hubo un daño patrimonial ya evidenciado y esto obliga a considerar la inhibición de bienes de todos los que estuvieron al frente de la institución mientras todo esto ocurría.