El proyecto de Presupuesto 2023, que Massa remitió al Congreso, anticipa la conformación de un ente de control. Cuál será su función y a quién responderá

Por Antonio Rossi

22/09/2022 – 19,00hs

Cambio para los servicios eléctricos: un organismo que regule a Edenor y Edesur, el próximo objetivo de Massa

A contramano de las medidas anunciadas de austeridad fiscal, reducción del gasto público y congelamiento del plantel de empleados estatales; la administración de Alberto Fernández se encamina a crear en 2023 un nuevo ente regulador del servicio eléctrico que tendrá la particularidad de contar con un manejo tripartito entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño.

La conformación del nuevo organismo que se encargará de controlar, en principio, solo a Edenor y Edesur -las dos distribuidoras eléctricas más importantes del país que prestan servicios en la región metropolitana del AMBA- quedó planteada en el proyecto de Presupuesto 2023 que el ministro de Economía y nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa, remitió al Congreso la semana pasada.

Un ente regulador de energía: el próximo paso del Plan Massa

Entremezclados entre las asignaciones de recursos a las distintas áreas y empresas públicas, el otorgamiento de avales, disposiciones arancelarias y exenciones fiscales; aparecieron incorporados en el Presupuesto del próximo año tres artículos con los cuales las autoridades nacionales buscan darle fuerza de ley al acuerdo conjunto que habían firmado con la provincia y la Ciudad a principios de 2021 para modificar el esquema de regulación del negocio de la distribución eléctrica.

El artículo 78 del proyecto de Presupuesto convalida la aprobación del «Acuerdo sobre el ejercicio conjunto de la regulación y control del servicio público de distribución de energía eléctrica entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Ese convenio había sido suscripto el 19 de enero del año pasado entre los tres estados, las dos eléctricas metropolitanas y el ENRE.

En tanto, el artículo 79 establece que el nuevo ente regulador tripartito que prevé el acuerdo aprobado por el artículo anterior «será financiado, una vez constituido y en funcionamiento, entre otros recursos, con los del cobro de la tasa de fiscalización y control correspondientes a Edenor y Edesur».

Y el artículo 80 le concede al Poder Ejecutivo Nacional la autorización para «impulsar todos los actos necesarios para hacer  efectivo el acuerdo firmado entre las tres jurisdicciones».

El objetivo del Gobierno es aglutinar a Edenor y Edesur en un nuevo ente tripartito

El objetivo del Gobierno es aglutinar a Edenor y Edesur en un nuevo ente tripartito (Nación, Provincia, Ciudad).

La aprobación del acuerdo firmado hace 30 meses –y que había quedado archivado por las disputas políticas y económicas entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires— apunta a dejar oficialmente sin efecto el esquema de reconfiguración del servicio eléctrico establecido en 2019 entre los tres gobiernos que estaban controlados en ese momento porlas principales figuras de Cambiemos: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Massa busca regular la energía: ¿quién controlará el organismo?

Ese convenio contemplaba tres modificaciones salientes. En primer lugar, fijaba el traspaso de la «jurisdicción y el poder concedente del servicio eléctrico» a cargo de Edenor y Edesur desde la Nación a la provincia de Buenos Aires y a la administración porteña.

En segundo lugar, daba paso a la creación de nuevo ente regulador de carácter bipartito entre provincia y CABA para controlar el desempeño de las distribuidoras metropolitanas.

Y, en tercer lugar, implementaba un mecanismo específico para regularizar y compensar los reclamos de las empresas por los aumentos tarifarios no otorgados y lo subsidios no cobrados en los años anteriores y los incumplimientos de obras e inversiones que habían acumulado aduciendo la falta de ingresos.

Si bien Vidal y Larreta habían avanzado con la constitución del denominado «Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico» designando a los integrantes del primer directorio conjunto, no llegaron a tiempo para poder perfeccionar la transferencia de las concesiones de Edenor y Edesur.

Con los cambios de mandos registrados en diciembre de 2019 en la Casa Rosada y en La Plata, ese acuerdo que tenía el sello del macrismo quedó congelado.

Massa envió al Congreso el Presupuesto 2023, que incluye la creación de un nuevo ente regulador de

Massa envió al Congreso el Presupuesto 2023, que incluye la creación de un nuevo ente regulador de la energía.

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A principios de 2021, el exministro de Economía, Martín Guzmán; el gobernador Axel Kicillof y Rodríguez Larreta suscriben un nuevo acuerdo para remplazar al anterior y crear el ente regulador tripartito que ahora el Gobierno nacional quiere ratificar dentro del marco del Presupuesto 2023.

El convenio en juego contiene cláusulas que establecen lo siguiente:

  • Las partes reconocen que los cambios y modificaciones del acuerdo de 2019 quedan sin efecto y que la titularidad del servicio público de distribución de energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y Edesur permanece actualmente en cabeza del Estado Nacional
  • La creación de un nuevo ente tripartito de regulación y control que será autárquico, con personalidad jurídica propia e independencia funcional y con plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
  • Hasta tanto se encuentre constituido el nuevo organismo de control, el ENRE mantendrá sus funciones y facultades en todo aquello relativo al servicio público de distribución eléctrica.
  • Edenor y Edesur seguirán rigiéndose por los respectivos contratos de concesión, las normas nacionales y las resoluciones del ENRE y las que adopte en el futuro el nuevo ente tripartito.
  • El acuerdo entrará en vigencia, en sus aspectos constitutivos, una vez que sea ratificado por los Poderes Legislativos de la provincia, la Ciudad y la Nación.
  • Las distribuidoras prestan su conformidad a los cambios y renuncian a realizar o continuar reclamos y recursos administrativos o acciones judiciales en contra del Estado Nacional, la Provincia y CABA por los alcances y acciones derivadas de la implementación del acuerdo.