El fallo de la Corte Suprema del jueves pasado que declaró la constitucionalidad de las Comisiones Médicas como tribunal administrativo previo a la instancia judicial de las personas que sufren daños laborales reabrió el “fuego cruzado” entre abogados laboralistas, de un lado, y asesores de empresas y las ART, del otro.

Para Cynthia Benzion de la Asociación de Abogados Laboralistas “el fallo impide a los trabajadores y a las trabajadoras acceder en forma plena y directa a la Justicia como lo puede hacer el resto de las personas afectadas. Significa una violación del derecho a la jurisdicción y al principio de igualdad reconocido en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional. Y no hace más que avalar el funcionamiento de un sistema que privatiza la salud laboral y se desentiende del cuidado de la salud y la vida de las personas trabajadoras”.

En cambio, Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo dijo que “celebramos el fallo de la Corte, porque termina de validar todos los aspectos clave de la Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. Avala el paso previo por Comisiones Médicas, el uso del Baremo como instrumento para ponderar daños derivados de una accidente o enfermedad profesional, y deja en claro la manera de calcular las indemnizaciones”.

Bettiol agregó que los reclamos “que exageran y agrandan los daños remanentes de un accidente laboral han generado un enorme sobrecosto para la economía productiva y también muchas inequidades entre los trabajadores e imprevisión para todos los que constituimos el tejido productivo».

«Para su resolución, la ley estableció: reemplazar el pago de honorarios según el monto de la sentencia, por un monto fijo por acto médico en relación al trabajo efectivamente realizado, que los peritos sean elegidos por concurso del que luego y por sorteo se les asignan las causas a tratar. Y se determinan los daños remanentes de un accidente laboral de acuerdo a lo establecido en el Baremo”. explicó.

En la misma línea, para el asesor de empresas, Marcelo Aquino, “al establecerse que las comisiones médicas son constitucionales le dan al trabajador accidentado una celeridad en el proceso que le permite garantizar cuanto antes el cobro de lo que sería la reparación económica con motivo del accidente o de la enfermedad profesional. Y si bien la Justicia reconoce indemnizaciones que posiblemente pueden llegar a ser superiores, el promedio de un juicio está en 6 años por lo que la reparación económica claramente estaría afectada”.

En tanto, el abogado laboralista Luis Ramírez dice que “la Ley de Riesgos del Trabajo ha tenido una relación incómoda con la Constitución Nacional desde su sanción en 1995, a punto tal que tiene el récord de declaraciones judiciales de inconstitucionalidad por la propia Corte Suprema, cuando tenía otra composición. Para superarlas y poder defender el sistema de las ART, los gobiernos de turno han dictado diversas leyes, como la 26.773 de 2012 y la 27.348 de 2017. Lo que prueba que en ciertas cuestiones no hay ‘grieta’ ”.

Por su parte, el abogado laboralista León Piasek plantea que “habrá que denunciar el fallo en las instancias internacionales porque no le permite al trabajador acceder en forma directa a la justicia Nacional de trabajo, lo que es inconstitucional”. Y concluye: “Lo que hace que las ART celebren este fallo es porque disminuye el riesgo de pagar inmediatamente en forma plena la reparación de los daños. También porque favorece a los empleadores ya que, al poner a las ART como intermediarias, deslindan sus responsabilidades sobre los incumplimientos a las medidas preventivas de riesgo y seguridad de trabajo”.

NE