El informe que publicó el organismo no convalidó la ejecución presupuestaria correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2017. La auditoría tuvo su debate en julio pero el informe final se conoció esta semana y detalló que durante el ejercicio 2017 la deuda pública creció como nunca en la historia: aumentó en u$s48.723 millones – un 18% adicional con respecto al año anterior- y pasó a representar el 56,8% del Producto Bruto Interno. A su vez, más del 70% del pasivo estuvo nominado en moneda extranjera y casi el 30% fue tomado a tasa variable.

Sobre ese punto, el relevamiento de la AGN asevera que el endeudamiento sobrepasó lo autorizado por el Congreso Nacional y que esa situación se intentó subsanar con el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el 12 de diciembre, con fecha posterior a las emisiones realizadas.

La confirmación de que la administración de Cambiemos “careció de una estrategia de endeudamiento acorde con los lineamientos internacionales y que no se realizó un análisis de sustentabilidad ni del riesgo cambiario”, se da en el marco del debate instalado por dirigentes de la oposición acerca del crecimiento de la deuda en los últimos años. Los únicos dos votos que no convalidaron el informe fueron los de Miguel Ángel Pichetto y Jesús Rodríguez, quien preside el órgano.

La auditoría que Ámbito anticipó en junio, también revela que “se llevaba el registro histórico de las emisiones de la deuda pública por fuera del sistema oficial, de forma informal y precaria en una planilla Excel que es fácilmente modificable” .En el dictamen emitido se solicita a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que evalúe la conveniencia de requerir al Ministerio de Economía la instrumentación de un plan integral que permita “subsanar” las observaciones que se hacen.

El trabajo de la AGN es una herramienta clave para analizar en detalle la gestión de los fondos públicos. Por sus fundamentos técnicos, el informe de la cuenta de inversión 2017 será un insumo central en el debate parlamentario para aprobar o rechazar la rendición de cuentas. El aval del Congreso podría ser utilizado como un paraguas legal por los exfuncionarios que están siendo investigados por el crecimiento de la deuda pública y la fuga de capitales.